1. Habitar la Florida sin documentos oficiales y del estado
2. Verificación atravez de e-verify para empleados
3. Reubicación de inmigrantes indocumentados
4. Prueba de estatus migratorio en centros de ayuda y hospitales
5. Convierte en delito transportar personas indocumentadas en el estado.
La legislatura de Florida ha aprobado la ley SB-1718, y fue firmada este Miércoles 10 de Mayo por el Governador
Ron DeSantis. Una medida que ha generado gran controversia y preocupación entre la comunidad inmigrante indocumentada del estado. La ley ha sido respaldada por los legisladores republicanos y ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes la consideran una política antiinmigrante.
La nueva ley establece medidas que restringen aún más los derechos de los inmigrantes indocumentados en Florida.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han criticado duramente esta nueva ley. Según ellos, la medida es una clara violación de los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y puede tener consecuencias graves y potencialmente mortales. En muchos casos, los inmigrantes indocumentados temen reportar delitos o colaborar con la policía por temor a ser deportados. Esta nueva ley solo aumenta ese temor y puede tener un efecto negativo en la seguridad pública.
Algunos críticos de la medida también han señalado que la nueva ley puede tener consecuencias económicas negativas para el estado de Florida. Muchos inmigrantes indocumentados trabajan en la industria agrícola, el turismo y otros sectores de la economía del estado. Si estos trabajadores son deportados, esto podría tener un efecto negativo en la economía de Florida y en la creación de empleo en el estado.
La ley que entraría en vigor el 1 de Julio del 2023, ha sido admitida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha prometido endurecer las políticas antiinmigrantes en el estado. Según DeSantis, la nueva ley es necesaria para garantizar la seguridad pública y proteger a los ciudadanos de Florida.
La SB-1718 ha sido duramente criticada por sectores progresistas en todo el país, quienes han denunciado la medida como una política racista y antiinmigrante. Muchos han señalado que la nueva ley es una clara muestra de la hostilidad hacia los inmigrantes en el estado y que solo aumentará la xenofobia y la discriminación contra los latinos y otros grupos minoritarios.
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