Corte federal de apelaciones: inmigrantes detenidos no tienen derecho constitucional a una audiencia de fianza

Foto: Edificio John Minor Wisdom, sede de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans (imagen de archivo). Autor: ajay_suresh / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, dictaminó el viernes 23 de octubre que la Constitución no obliga al gobierno a ofrecer una audiencia de fianza a los inmigrantes detenidos que entraron al país sin admisión legal, aunque lleven años viviendo en Estados Unidos.

La decisión fue tomada por el pleno del tribunal, por 10 votos contra 7. La mayoría concluyó que las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda no exigen esas audiencias, en las que un juez evalúa si la persona puede quedar en libertad mientras avanza su caso de deportación.

El fallo revierte una decisión de julio, en la que un panel de tres jueces del mismo tribunal había determinado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podía mantener detenida a una persona por más de 90 días sin darle una audiencia de fianza.

La decisión aplica en los tres estados bajo la jurisdicción del Quinto Circuito: Texas, Luisiana y Misisipi, donde se encuentran algunos de los centros de detención migratoria más grandes del país. Según el sitio especializado JURIST, el gobierno ha trasladado a muchos detenidos a centros en Texas.

A principios de este mes, la Corte Suprema aceptó revisar si la ley de inmigración exige estas audiencias. El máximo tribunal analizará solo esa pregunta legal, no la constitucional que resolvió el Quinto Circuito.

Ellie Norton, abogada del National Immigration Project que representa a los inmigrantes en el caso, advirtió que la decisión permitirá detener a más personas sin justificación, con consecuencias graves para ellas y sus familias. En cambio, James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, celebró el fallo como una gran victoria para la política de detención obligatoria.

Para las familias con un ser querido detenido en esos estados, el fallo elimina una de las vías principales para pedir su liberación mientras se resuelve el caso. Quienes estén en esa situación deben consultar con un abogado de inmigración o con un representante acreditado.