Corte de apelaciones frena por 14 días la restitución del TPS para venezolanos

La restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos, prevista para el viernes 6 de noviembre, quedó en suspenso. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, anunció el martes 3 de noviembre que concedería al gobierno una suspensión administrativa de 14 días a partir de esa fecha, lo que mantiene bloqueada la orden judicial que iba a devolver la protección.

La decisión supone un giro respecto de lo que el mismo tribunal había resuelto días antes. El 30 de octubre, el panel rechazó la petición del gobierno de mantener en pausa el fallo de primera instancia y negó también una alternativa de al menos 21 días de suspensión administrativa. Tras ese dictamen, los abogados de los beneficiarios habían anticipado que el TPS volvería a regir el 6 de noviembre, salvo que la Corte Suprema interviniera.

Una suspensión administrativa es una medida de trámite: no resuelve el fondo del caso ni cancela el programa. Su efecto práctico es que la orden del juez de distrito Edward Chen, que declaró ilegal la terminación del TPS para Venezuela, sigue sin aplicarse mientras el tribunal de apelaciones decide si concede una suspensión más larga durante la apelación. Contado desde el 6 de noviembre, el plazo de 14 días se extendería hasta alrededor del 20 de noviembre.

El litigio, impulsado por la Alianza Nacional del TPS y beneficiarios venezolanos, se arrastra desde 2025. La Corte Suprema había suspendido el 3 de octubre de 2025 la orden del juez Chen mientras avanzaba la apelación, y esa suspensión vencía el 6 de noviembre de 2026. Luego, el 5 de octubre de este año, el máximo tribunal anuló una decisión anterior del Noveno Circuito favorable a los venezolanos y le devolvió el caso para que lo reconsiderara a la luz de su fallo en Mullin v. Doe, un precedente sobre los límites de la revisión judicial de las decisiones de TPS.

Según documentos judiciales, más de 600,000 venezolanos dependían de esta protección, que permite vivir y trabajar legalmente en el país mientras dura la designación. Sin el TPS activo, los afectados no cuentan con ese amparo contra la deportación ni pueden renovar sus permisos de trabajo por esa vía.

Antes de que venza el plazo, el Noveno Circuito deberá decidir si prolonga la suspensión durante la apelación. Cualquiera de las partes puede acudir a la Corte Suprema y, si no hay una nueva intervención judicial, la orden del juez Chen podría volver a tener efecto. El tribunal anunció además que fijará un calendario acelerado para revisar los argumentos de fondo. Los beneficiarios deberán seguir de cerca los avisos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre cualquier cambio en su situación.