La expansión de los centros de datos encuentra resistencia: las comunidades exigen saber quién pagará la factura

Foto: Centro de datos para IA en EE.UU.

La carrera por construir la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial está chocando con una realidad que comienza a sentirse lejos de Silicon Valley: las comunidades donde se levantan los centros de datos quieren saber cuánto les costará tenerlos como vecinos.

En la votación del martes, residentes de distintas jurisdicciones respaldaron medidas para frenar, limitar o someter a mayor control estos proyectos. Un recuento publicado por The Washington Post señaló que al menos 38 jurisdicciones aprobaron iniciativas relacionadas con restricciones a los centros de datos. Las medidas no son idénticas: algunas establecen moratorias temporales, otras limitan determinados desarrollos y otras buscan mayor supervisión local.

El debate no gira únicamente alrededor de la tecnología. Un centro de datos necesita electricidad constante, sistemas de enfriamiento y, en muchos casos, grandes cantidades de agua. También puede exigir nuevas líneas eléctricas, subestaciones y obras de infraestructura. Para los residentes, la pregunta es directa: si la demanda eleva los costos de la red o requiere inversiones públicas, ¿quién termina pagando?

La preocupación se ha extendido a localidades que antes veían estos proyectos como una oportunidad automática de inversión y empleo. Los promotores destacan la construcción, los impuestos y la infraestructura tecnológica. Los críticos responden que los puestos permanentes pueden ser menos numerosos que los empleos temporales de construcción y que los beneficios fiscales no siempre compensan el consumo de recursos o el impacto sobre el entorno.

La discusión también está cambiando la relación entre las empresas tecnológicas y los gobiernos locales. Cada vez resulta más difícil presentar un proyecto de gran escala como una decisión puramente privada cuando su operación depende de servicios públicos, terrenos, agua y capacidad eléctrica compartida con hogares y negocios.

El resultado electoral no significa que la expansión vaya a detenerse. La demanda de capacidad informática continúa creciendo y las empresas mantienen inversiones multimillonarias. Pero sí deja una señal política: las comunidades quieren información verificable, participación antes de que se aprueben los permisos y garantías de que los costos adicionales no serán trasladados silenciosamente a los consumidores.

La inteligencia artificial suele venderse como una revolución que ocurre en la nube. Para los vecinos de un centro de datos, sin embargo, sus consecuencias son bastante más físicas: agua, electricidad, ruido, terrenos y facturas. Esa es la conversación que ahora comienza a imponerse.