Texas abre una nueva batalla por sus escuelas públicas: pruebas, vales y quién decide qué aprenden los alumnos
El cambio político que acaba de producirse en Texas no se quedará en los despachos del Capitolio. Una de las áreas donde podría sentirse con mayor fuerza es la educación pública, un terreno que durante años estuvo marcado por disputas sobre el contenido de las aulas, las pruebas estandarizadas, los vales escolares y el control estatal de los distritos.
La gobernadora electa Gina Hinojosa hizo de la defensa de las escuelas públicas una de sus principales promesas. Entre sus compromisos está retirar al comisionado de la Agencia de Educación de Texas y poner fin a las intervenciones estatales en distritos escolares. También ha prometido eliminar el examen STAAR y el sistema que lo sustituya. Sin embargo, una promesa de campaña no equivale a un cambio inmediato: varias de estas políticas están respaldadas por leyes que requieren acción legislativa.
El futuro de las evaluaciones es uno de los primeros puntos de fricción. Texas ya había aprobado un sistema de pruebas más cortas que se aplicarían en distintos momentos del año escolar. La nueva administración podría intentar modificar ese rumbo, pero la legislación federal exige evaluaciones anuales de lectura y matemáticas en determinados grados. El estado puede cambiar su herramienta, no ignorar por completo ese requisito.
Otro frente es el programa de vales escolares, conocido como cuentas de ahorro para educación. El esquema aprobado en Texas contempla fondos públicos para familias que eligen escuelas privadas o educación en casa. La cantidad varía según el tipo de estudiante y la modalidad. Hinojosa ha prometido oponerse a su expansión y buscar cambios, mientras sus aliados plantean que el dinero debe fortalecer las escuelas públicas.
La composición del poder legislativo complica el panorama. Los demócratas tendrán una posición mucho más fuerte en la Cámara de Representantes estatal y controlarán varias oficinas clave. Sin embargo, los republicanos conservarán la mayoría en el Senado. Eso significa que una parte de la agenda educativa podría avanzar, mientras otras propuestas quedarán sujetas a negociaciones, bloqueos o vetos.
También está en juego la Junta Estatal de Educación, que influye en los estándares y materiales utilizados por millones de alumnos. Sus decisiones sobre historia, estudios sociales y otros contenidos han provocado controversias nacionales. El nuevo equilibrio político podría cambiar la orientación de futuras decisiones, aunque la composición final de la junta todavía dependía de algunos resultados pendientes al momento de los primeros reportes.
Para las familias, el debate no es simplemente una disputa entre partidos. Se trata de quién controla las escuelas, cómo se distribuyen los fondos públicos, qué materiales llegan a los salones y qué oportunidades tienen los estudiantes según el lugar donde viven. El cambio electoral abre la puerta a una revisión profunda, pero la verdadera medida será lo que ocurra cuando comiencen las sesiones legislativas y las promesas tengan que convertirse en leyes.
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